Los liderazgos no absuelven las culpas generadas por las inconductas del líder incriminado, este líder debe demostrar su carencia de culpabilidad.

El elenco de expresidentes latinoamericanos que han sido acusados y/o procesados por corrupción en las últimas tres décadas es numeroso y elocuente. El dominicano Salvador Jorge Blanco, el peruano Alberto Fujimori, el boliviano Luis García Meza, el chileno Augusto Pinochet, los argentinos Rafael Videla y Carlos Menem, el brasileño Fernando Collor de Mello, el venezolano Carlos Andrés Pérez, el boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, los paraguayos Luis Ángel González Mácchi y Juan Carlos Wasmosy, el nicaragüense Arnoldo Alemán Lacayo, el costarricense Rafael Ángel Calderón, el hondureño Rafael Callejas, el colombiano Ernesto Samper, los ecuatorianos Abdalá Bucaram, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, León Febres Cordero y Lucio Gutiérrez, el salvadoreño Francisco Flores, el guatemalteco Otto Pérez Molina y el listado podría continuar. Todos ellos expresidentes latinoamericanos, demócratas la mayoría, dictadores algunos, jefes de Estados civiles y militares, todos acusados formalmente en la justicia de sus respectivos países, no todos formalmente procesados, muy pocos condenados, y aquellos a los que se le dictó sentencia de culpabilidad, ninguno, ni uno solo de esos señores ha cumplido la totalidad de su condena, algunos aún permanecen en prisión. Si esto no es una vergüenza que alguien me diga cómo podemos calificarlo.

Es imposible negar que los políticos latinoamericanos son muy proclives a la corrupción, las circunstancias políticas que impera en esta parte del mundo se lo permite. Sin embargo, cuando se intenta procesar judicialmente a cualquiera de ellos sus declaraciones a los medios de comunicación parecen un parlamento de alguna película de Hollywood por todos aprendidos de memoria, para recitarlo cual poetas de poca monta, pero con gran auditorio. Todos dicen lo mismo: que es una persecución política, que quieren arruinar su carrera haciéndole daño a él o ella y a su familia, que nunca han violado la ley, en fin, toda a una letanía tratando de restar importancia a las acusaciones de que pudieran ser objeto. Y a pesar de la vasta experiencia que tenemos, evidenciada con la lista inicial, aún tenemos enormes masas de ciudadanos que se indignan con las autoridades de turno cuando acusan de corrupción a cualquier de nuestros expresidentes.

El caso de Dilma Vana da Silva Rousseff (68), presidenta en ejercicio de Brasil, no es la excepción. La señora presidenta no está acusada precisamente de corrupción, sino que violó normas fiscales falseando datos del déficit presupuestal brasileño para dar una imagen económica mejor de lo que era en realidad, quería dar la impresión de que todo estaba mejor de lo que en realidad ocurría. Esto es prohibido y penado por las leyes brasileñas y ella, naturalmente, lo sabía, sin embargo, lo hizo. Justo es decir que estas “maniobras contables” fueron usadas por gobiernos anteriores, pero hay datos oficiales que indican que se volvieron más frecuentes durante la gestión de la señora Rousseff que en anteriores administraciones. Nadie puede obviar que el punto es que ella violó la Ley.

En Brasil, como en todos los países del mundo, para juzgar un jefe de Estado en ejercicio, y más aún para destituirlo, es necesaria la intervención del congreso. En este país suramericano algunos miembros de la cámara de diputados, y que han impulsado el proceso contra la Rousseff, están acusado de corrupción. Entre éstos se encuentra el presidente de esta cámara, el locutor de radio y político Eduardo Consentino da Cunha (57), quien está severamente vinculado al caso “Lava Jato”, el escándalo de corrupción estatal más grandioso que se conoce en la historia de Brasil, según reportan los expertos. En realidad, gran porción de la sociedad brasileña tiene la percepción de que estos diputados son más corruptos que la presidenta misma, y este es uno de los argumentos a que ella recurre para defenderse de los diputados, argumentando que “ellos no tienen calidad moral para juzgarla”.

Pero, ¿el hecho que algunos diputados acusadores, y que este domingo votaron en contra de la Rousseff, estén acusados de corrupción resta legitimidad al proceso? ¿Esa corrupción diseminada en algunos importantes miembros de la cámara baja de Brasil le otorga a la Sra. Rousseff su certificado de honestidad? ¿El hecho de que los organismos que tienen la autoridad para juzgar a la presidenta estén dirigidos por políticos acusados de corrupción implica que Brasil tiene que tolerar las inconductas de su presidenta? Claro que no.

Si Dilma Rousseff cometió sus indelicadezas debe pagar por ellas, y los demás “indelicados” que igualmente pague por las propias. El hecho de que su acusador haya cometido las mismas infracciones que ella, o aún más graves, no la absuelven en lo absoluto. De lo que se trata es de demostrar su no culpabilidad, y que por cierto no es mendigando apoyo en una masa de votantes que una vez depositó su confianza en ella, pero que hoy duda con el mismo entusiasmo que antes apoyó, que demostrará su inocencia, antes que esto, acrecienta las dudas. Los liderazgos no absuelven las culpas generadas por las inconductas del líder incriminado, este líder debe demostrar su carencia de culpabilidad.

El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (70) expresidente de Brasil en el período 2003-10, ha iniciado una peregrinación por el país tratando de aglutinar apoyo en favor de su protegida (bueno, ahora no estoy seguro de sea Lula quien protege a Dilma o es Dilma quien protege a Lula). La jefa de Estado acepta y agradece públicamente este apoyo, pero llama la atención que el expresidente Lula también está acusado de recibir sobornos, él está involucrado en el caso “Lava Jato”, el mismo caso que pone en duda la legitimada del congresista Cunha para juzgar a Dilma. Es decir, que aquellos que están acusado de corrupción no tienen calidad moral para juzgar a la mandataria, pero sí la tienen para defenderla. Vaya dicotomía.

No me atrevo a dudar que el apoyo que Lula está dando a Dilma esté basado en un mutuo y sincero afecto nacido a través de una relación de largos años de amistad y luchas sociales compartidas. Pero también percibo que Lula sabe que si Dilma cae su situación legal se puede complicar, él sabe que sus adversarios políticos están tras él y sin esa protección que le brinda su amiga, la jefa del Estado, estos adversarios pueden alcanzarlo. La relación entre Lula y Dilma en estos momentos es que ella aprovecha el liderazgo de él, que aún lo tiene, mientras que éste se beneficia de la protección que puede brindar la amistad y agradecimiento de una jefa de Estado que es una sincera y agradecida amiga, esto es ganar–ganar o perder–perder.

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