La democracia no puede ponerse en duda. Si nos apresuramos haciendo una adquisición que debió esperar, debemos que asumir el costo financiero por ésta, pero jamás podemos traspasar este costo a la democracia.

Se asume, a grosso modo, que unas “elecciones democráticas” son procesos mediante los cuales aquellos ciudadanos que reúnen ciertas condiciones civiles eligen, para un período de tiempo previamente definido, como representantes y jefes del gobierno del Estado a aquellos también ciudadanos que compitiendo en esas elecciones sean favorecidos con la mayoría del voto popular en las posiciones en cuales compitan. Este es un proceso imprescindible para que esos futuros representantes adquieran la debida legitimidad para ejercer sus cargos.

En los últimos años se han establecidos en varios países de la región el llamado “voto electrónico”, que no es más que la automatización de las votaciones a través procedimientos electrónicos y computacionales. En otras naciones, quizás como una manera de encaminarse a esa modalidad de votación, se ha establecido el “conteo electrónico de votos”, lo que implica continuar con el método tradicional de emitir los votos a través de boletas en papel, pero contabilizar éstas a través de escáneres. En el tramo final de la campaña electoral para las elecciones generales del próximo 15 de mayo en República Dominicana se ha generado una enardecida disputa, precisamente por la implantación por primera vez de este sistema de conteo de las boletas electorales por medio de estos aparatos electrónicos.

En este debate hay que considerar cuatro factores claves: los votantes, que son los sujetos más importantes del proceso electoral, al ser éstos quienes determinarán aquellos que serán electos y cuya decisión mayoritaria debe ser respetada; los políticos, a partir del rol que ellos desempeñan en las elecciones y que éstas son un proceso fundamental de la democracia; el aspecto técnico, referente a la gestión de los mismos procesos electrónicos electorales que se quiere implantar; y las autoridades electorales, por ser en éstas en quien descansa en última instancia el proceso mismo.

En República Dominicana disfrutamos de una democracia que nos ha costado mucho, y esto no deberíamos obviarlo jamás. Se asume que la democracia implica, entre muchas otras cosas, “ser el gobierno del pueblo a través de sus representantes elegidos por medio de las elecciones”. Un elemento esencial para que este pueblo sienta que sus derechos son respetados, es que este el pueblo mismo confíe en los resultados que se establecen a partir del conteo de los votos de unas elecciones. Si el electorado asume que no se respetó la voluntad mayoritaria en un proceso eleccionario cualquiera se podría generar la sensación de poca, o ninguna, legitimad de sus gobernantes, creando desconfianza generalizada en sus autoridades, apatía en los futuros procesos electorales y otras secuelas que podrían entorpecer la convivencia democrática de un Estado.

Nuestra historia reciente tiene vergonzosos ejemplos donde la decisión mayoritaria de los votantes fue vulgarmente burlada (y asumo que nadie con un conocimiento mínimo de la historia reciente se anima a negarlo) provocando crisis postelectorales que sumieron al país al borde de situaciones realmente peligrosas.

La mejor manera de evitar llegar a tal estado de cosas es que las autoridades electorales se avoquen a concertaciones entre los distintos actores de la vida política nacional a fin de eliminar cualquier elemento que pudiera provocar dudas en los ciudadanos y políticos intervinientes. Y no obviemos el hecho de que estos entendimientos se hacen más necesarios en la medida en que la novedad de los procedimientos crea dudas, temores y resistencias.

Pero esa concertación es precisamente lo que se ha tornado difícil entre los actores políticos y las autoridades de la Junta Central Electoral (JCE), órgano independiente del gobierno central y responsable del montaje de los comicios en República Dominicana.

Los partidos políticos, básicamente de la oposición, se han mostrado adversos a que se haga un conteo exclusivamente electrónico de los votos y en tal sentido han hecho varias exigencias a la JCE. Una de ella es que una compañía externa realice una auditoría a los equipos de conteo a fin de verificar su confiabilidad, cosa que ya en estos momentos no es posible por tema de tiempo. Estando a tres semanas del día de la votación y tomando en cuenta que ni el 50% de las máquinas de las más de 16.000 que se deben ser recibidas, aun no llegan al país, no hay tiempo para tal auditoria. En Venezuela, por ejemplo, en el año 2.000 fue la primera vez que se utilizaron máquinas para el conteo de votos y se estuvieron probando por seis meses antes de su uso en las urnas.

También se ha solicitado un conteo doble, es decir, contar electrónicamente y luego hacer otro conteo manual para confirmar la exactitud del primero. La JCE accedió a hacer una verificación de sólo un 15% de los votos emitidos en cada colegio electoral, verificación ésta que no se haría en el colegio mismo, sino en la oficina de la JCE de la localidad a la que pertenezca cada colegio, que en República Dominicana se le denomina Junta Municipal Electoral.

Además, se han solicitado que se incremente el número de observadores y veedores electorales, entre ellos, que se acredite la observación del gobierno de Estados Unidos, por medio de la Agencia de los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional (United States Agency for International Development, USAID), a fin de que la opinión de ellos cuente al momento de validar la legitimad del proceso. La JCE califica como intento de intromisión del gobernó norteamericano el pretender tal acreditación y que esto es una violación de la soberanía de la República, por lo cual es inadmisible.

Como podemos ver, entre los actores políticos y las autoridades electorales hay desacuerdos, que puede traducirse en una desconfianza del votante en el proceso del próximo 15 de mayo. Una cosa puede llevar a lo otro.

Con este proceso de conteo electrónico de votos en nuestro sistema electoral y hay que ser cuidadoso, sobre todo por la premura de su implementación. No tengo conocimiento de ningún país que lo haya implantado de golpe y porrazo, todos lo han hecho de manera paulatina. Aún sociedades con un nivel de institucionalidad electoral muy superior a la nuestra y con funcionarios electorales con más vocación democrática que los nuestros, han ido paso a paso en esto. Incluso, algunos Estados que ya habían implementado el voto y el conteo electrónico, han revertido su decisión.

Los argumentos de la JCE para no variar su posición son baladíes. Alude, por un lado, a que tenemos que utilizar las máquinas porque ya se hizo la inversión y hay que aprovecharla y, por otro, que las máquinas son 100% confiables.

La idea de que “que hicimos la inversión y ya tenemos que aprovecharla”, es inadmisible. por extemporáneas inversiones de dinero en compra de equipos, no importa la suma invertida La democracia no puede ponerse en duda. Si nos apresuramos haciendo una adquisición que debió esperar, debemos que asumir el costo financiero por ésta, pero jamás podemos traspasar este costo a la democracia.

En cuanto a creer en la absoluta confiabilidad de estos equipos es una tontería que ni el mismo presidente de la JCE, Roberto Rosario Márquez, hombre de gran carácter y mayor intransigencia, la cree. No existe sobre la tierra equipo ni proceso computacional que no sea vulnerable a desperfectos del equipo mismo o intromisiones a su sistema, es decir, hackeo. Es precisamente por esto que Alemania prohibió, a través de su constitución, la automatización electrónica de sus elecciones. Otro ejemplo es Holanda, y este caso produce risa. En 1996, después de que las autoridades electorales habían establecido el voto y conteo electrónico, tuvieron que revertir su decisión por presiones sociales luego que dos jóvenes se hicieran con unas máquinas de conteo y demostraron que sus sistemas eran vulnerables. Una de estos equipos fue hackeado y utilizado para jugar ajedrez, y todo esto en público.

La tecnóloga es una herramienta que hace maravillas en los procesos logísticos, y más cuando estos son repetitivos, como es el conteo de boletas electorales. Pero debemos tener en cuenta que de la misma forma que la tecnología aporta impresionantes mejoras, también puede crear gravísimas contrariedades. Y es por esto que hay una regla de oro para todo aquel que la utiliza en procesos logísticos de importancia, y es tener un plan de contingencia en caso de que esta tecnología falle. Y no hablamos de cortes del suministro de energía eléctrica, no, hablamos de fallos en el sistema mismo. El doble conteo que los partidos de oposición están exigiendo podría ser ese plan de contingencia.

En el caso actual este doble conteo tiene, pues, múltiples ventajas. Satisface a los actores políticos del proceso, daría seguridad a la población y serviría de contingencia en caso de alguna falla de sistema electrónico. Es perentorio que la Junta Central Electoral considere la viabilidad de este doble escrutinio.

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