Ahora que hemos presenciado un nuevo incremento de actos delictivos, que los delincuentes una vez más desafían a las fuerzas del orden sin el más mínimo recato, que los vándalos están poniendo en ridículo a las autoridades, estas ridiculizadas autoridades han decido poner en marcha un llamado “Plan de Seguridad Ciudadana”. Esto es por enésima vez.

 

La delincuencia es, sin duda alguna, uno de los más difíciles problemas sociales a lo que cualquier Estado pueda enfrentarse. Nunca ha resultado sencillo resolverlo, y menos con las dimensiones en que ya se presenta en República Dominicana en estos momentos. Se ha permitido que ésta llegue a los niveles que nunca debió llegar.

Cada día los dominicanos estamos presenciando un incremento de actos delincuenciales cómo nunca antes se había visto, mientras que los delincuentes se han adueñado del temor colectivo de toda una sociedad que se encuentra desprotegida por la incapacidad de aquellos que son los responsables de proporcionar una seguridad ciudadana mínimamente eficiente.

Las autoridades dominicanas tienen décadas enfrentado el problema de la delincuencia con los mismos métodos, pero la criminalidad no ha hecho otro otra cosa que incrementarse. Los mismos discursos, las mismas declaraciones a la prensa, las mismas motivaciones con las mismas técnicas. Lo único cambiante son los actores.

En esta oportunidad no es la excepción. Ahora que hemos presenciado un nuevo incremento de actos delictivos, que los delincuentes una vez más desafían a las fuerzas del orden sin el más mínimo recato, que los vándalos están poniendo en ridículo a las autoridades, estas ridiculizadas autoridades han decido poner en marcha un llamado “Plan de Seguridad Ciudadana”. Esto es por enésima vez.

Las más importantes disposiciones de este plan son establecer nuevamente el patrullaje mixto de policías y militares en todo el territorio nacional, recolectar todos los miembros de la Policía Nacional (PN) que se encuentran en servicios fuera de patrullaje, a los fines de que vengan a trabajar en su misión de proteger a la ciudadanía, se reducirán las escoltas policiales excesivas de los funcionarios públicos y militares de rango superior a fin de que estos miembros vuelvan a los cuarteles a fin de garantizar la seguridad ciudadana con 1,200 hombres en cada turno de servicio a nivel nacional. Además, hay un plan para suplir de matrículas y placas a los más de dos millones de motocicletas que circulan en el país sin registro alguno.

Albert Einstein una vez dijo que es “una locura hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados diferentes; si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. A partir de esta consideración tenemos que asumir que República Dominicana está gobernada por locos, al menos en cuanto a aquellos que son los responsables de la seguridad ciudadana. Pero, en verdad a mí no me parecen que sean locos, son más bien una ronda de funcionarios con una perfecta combinación de irresponsabilidad e ineficiencia, esto desde el mismo presidente Danilo Medina, pasando por Ministro de Interior y el Jefe de la Policía Nacional.

El jefe de la PN, mayor general Nelson Peguero Paredes, ha dicho “en que las próximas horas se verán los resultados de este plan y que la población sentirá una reducción de los actos delictivos en nuestras calles”. Yo le creo, estoy convencido que así será. Pero, ¿por qué tiempo? ¿Una semana, un mes, dos meses? ¿Por cuantas semanas el Gobierno estará sustentando este plan? Si tomamos en cuenta que hace sólo días que circuló la información de una aguda crisis financiera que atraviesa la PN, donde no hay dinero para comprar gasolina, ni reparar una fotocopiadora, no hay tintas para las impresoras y no hay, ni siquiera, agua que tomar en las oficinas, ¿podemos esperar, pues, que pueda mantener un plan de un incremento masivo de patrullaje? La respuesta es no, este plan será como todos los demás, desechable y efímero. No nos llamamos a engaños. Y si quieren un solo ejemplo, recuerden que hace menos de un año se presentó una crisis delincuencial parecida a la de estos días y el presidente ordenó al Ministro de Defensa, teniente general Máximo William Muñoz Delgado, que ordenara a su vez que miembros del Ejerció Nacional acompañaran a la PN en sus patrullajes. Es decir, en esa ocasión Danilo “mandó los guardias a calles”. Pero a las pocas semanas estos desaparecieron como por arte de magia, ni siquiera nos dimos cuenta cuando lo enviaron de nuevo a las fortalezas. En esta oportunidad no será diferente, ocurrirá lo mismo.

Pero lo peor de esto es que los delincuentes también tienen conocimiento de lo fugaz que son las famosas batidas contra la delincuencia de las autoridades criollas y saben que lo único que tienen que hacer es tomarse unas cuantas semanas de vacaciones, retirarse a sus casas por varios días y luego ellos mismos verán cómo serán otra vez los dueños de las calles.

No soy, ni pretendo serlo, un experto en seguridad ciudadana; tampoco tengo experiencia militar ni policial en la lucha contra la criminalidad. No, nada de eso. Simplemente soy un ciudadano común, que como muchos otros está alarmado porque no puede salir a las calles sin sentirme atemorizado de ser asaltado, que no se atreve a contestar una llamada a su móvil en ciertas zonas de Santo Domingo por temor a que lo maten por un humilde celular. Sólo soy un dominicano que siente rabia e indignación al ver a un hombre vestido de gris que ostenta la responsabilidad de ser jefe de PN y que exhibe el penoso mérito de ser uno de los jefes policiales más torpe y poco inteligente que hemos visto en años; que veo a un ridículamente célebre Ministro de Interior y Policía, el señor José Ramón Fadul y Fadul, que ha dicho en más de una ocasión que el incremento de la delincuencia en el país es “una percepción” de la ciudadanía, porque los datos estadísticos indican que ésta ha disminuido; y, lo más indignante, ver a un presidente de la República con su siempre sonrisa decir a periodistas que le preguntan sobre el tema que los dominicanos “tenemos que esperar”. Pero, ¿esperar qué, señor presidente? ¿Esperar por el plan que su mediocre equipo presentó esta semana? ¿Esperar tener resultados diferentes haciendo lo mismo durante décadas frente al mismo problema?

Dicen los expertos en análisis de la delincuencia que ésta es generada, entre otros motivos, por la exclusión social. No en balde, son los países más pobres los que tienen un mayor índice de hechos delictivos y, que nadie se ofenda por esto, son los pobres los más proclives a delinquir, esto es así en lo que respecta a la delincuencia común, al menos.

Podríamos imaginarnos, pues, qué si viviéramos en un mundo de realismo mágico, de esos que creó Gabriel Garcia Márquez, podríamos vivir un país que ha decidido como un intento para terminar la delincuencia que a cada persona que se haya comprobado que es un delincuente callejero le regalaremos 10 millones de pesos para que inicie su propia empresa. Todos podemos estar seguros que los vándalos desaparecerán de las calles y en vez de criminales tendríamos “emprendedores”, esto para emplear un término de moda. Es decir, la delincuencia con una imposible inversión financiera masiva se resuelve. Pero esto es una ridícula utopía de mi parte, eso jamás ocurrirá. La realidad es que siempre habrán excluidos y pobres. Penosamente es así. Ahora, ¿ser pobre le da derecho a una persona a salir a delinquir? ¿No tener comida o medicina para su hijo enfermo le da derecho a un padre de familia a robar a un “niño rico” su iPhone de 30 mil pesos para venderlo y darle de comer y salvar la vida de su hijo? No, no tiene ese derecho, por lo tanto, si delinque debe ser severamente castigado. Y, con este ejemplo no pretendo que nos llamamos a engaños. Según estudios sobre la criminalidad en República Dominicana, una gran parte de los que delinquen no lo hacen para comprar comida ni medicina, no, lo hacen para comprar el último modelo de tenis y la última camisa que está usando el artista urbano de moda, lo hacen para comprar la botella de ron, pagar la cabaña con sus amigas y comprar drogas.

La delincuencia, como todos los problemas, hay primero que entenderlo para poder vislumbrar una posible solución, y no olvidemos que entender y comprender no es precisamente lo mismo. Tampoco es inteligente ocultar que la pobreza produce criminalidad en las calles. Esa es la verdad pura y dura. Si un país no resuelve el problema de los excluidos habrá pillos robando en las calles. Y si queremos reducir la criminalidad que es producida por la pobreza sólo tenemos dos caminos. Uno es reducir el número de excluidos de una sociedad, es decir, buscar los mecanismos de que puedan mejorar su nivel de vida, y la otra es instaurar una dictadura. Creo que lo de reducir la pobreza todos los tenemos claro, pero, ¿alguien duda que una dictadura podría reducir la delincuencia? ¿Quieren un ejemplo? En Corea del Norte la criminalidad es mínima, por no decir cero, sin embargo, en Pionyang, la capital, hay toda una colectividad que vive en los suburbios de manera paupérrima, pero a nadie se le ocurre robar un móvil en las calles. ¿Saben por qué? Por el miedo a la autoridad y el castigo, justo lo que los delincuentes dominicanos han perdido. No olvidemos que el castigo tiene dos funciones fundamentales. Por una parte, busca que la persona que es castigada no vuelva a incurrir en la infracción, y por otra, que aquellos que no lo han cometido no lo hagan. Si esta dualidad se pierde, las consecuencias son las que estamos viviendo en estos momentos en el país. Si el Estado no buscan la manera de reducir la pobreza a mediano y largo plazo nunca vamos a salir de este atolladero, pero aún sí realmente iniciamos un proceso serio y efectivo de cambiar las vidas de los marginados, en lo que las mejoras llegan tenemos que buscar los mecanismos de reducir la incidencia de la criminalidad y en este punto la única manera es por medio de la obligatoria sanción y de que vuelva el temor a la autoridad.

En estos días la atención está fijada en los motoristas, ya que una parte importante de los actos criminales lo comenten “motoristas”, más del 80% de éstos según datos que suministran las fuerzas del orden. Pero seamos justos, la razón no es que los motoristas sean más o menos delincuentes que los choferes de automóviles, sino que es más fácil huir en un motor luego de cometer un hecho delictivo. Lo qué debemos concentrarnos es en saber qué porcentaje de estos delincuentes estuvieron detenidos por algún delito y fueron liberados por jueces corruptos, benignos o por expedientes mal instrumentados, ya sea por desconocimiento o por mala intención del instrumentador; lo qué debemos es buscar la responsabilidad del Ministerio Público (MP) y de la Justicia Dominicana en que haya tantos delincuentes reincidentes en nuestras calles; lo qué debemos es saber por qué hay tantos jueces benignos a la hora de dictar sentencias o variar medidas de coerción a acusados de hechos delictivos. Es ahí donde está el problema, no en los millones de motoristas que salen cada día a buscar el pan para sus mesas de forma digna y honrada. Sin un efectivo sistema judicial que ponga y mantenga en la cárcel a los rateros, no hay plan de seguridad ciudadana que valga.

Pero, continuemos con nuestras “imaginaciones” y supongamos a partir de ahora los jueces serán severos y todo aquel que delinca se le aplicará todo el peso de la ley. ¿Tenemos un sistema carcelario en capacidad de incrementar su población? ¿En las condiciones actuales podemos esperar que las cárceles dominicanas hagan la función de reeducar al delincuente? Esto es otra utopía. La Victoria, por ejemplo, ese recinto carcelario construido hace más de 50 años para una población de 800 almas y que hoy día conviven allí más de 8,000. Esa cárcel es una verdadera bomba de tiempo. Ahí cualquier día vamos a tener una desgracia de proporciones inesperadas, contaremos los muertos por cientos. ¿Se imaginan ustedes un incendio allí? Mejor, no. Y como La Victoria están las demás cárceles dominicanas. Recordemos lo que paso hace menos de 15 días en la cárcel Rafey de Santiago, los hechos que se han denunciado en la 15 de Azua, las denuncias de irregularidades de todo tipo en Najayo. En todas partes es lo mismo. No tenemos un sistema carcelario que funcione ni que esté en condiciones de aumentar su población.

En conclusión, en República Dominicana ninguna de los ejes donde descansa la lucha contra la delincuencia funciona. No tenemos planes que permitan ver que a mediano o largo plazo vamos a tener una reducción de la pobreza, no tenemos una PN con las herramientas y los recursos necesarios para enfrentar a los delincuentes en las calles, no tenemos un Ministerio Público ni un sistema judicial que trabajen en esfuerzos mancomunados a fin de poner los delincuentes en la cárcel y tampoco tenemos cárceles que puedan regenerar al que ingresa a ella.

Un plan contra la delincuencia que no contemple mejoras en todos esos ejes es incompleto, por lo tanto, el plan que las autoridades intentan implantar en nuestro país no pasa der ser un ridículo e irresponsable ejercicio de relaciones públicas.

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