Además de nuevas leyes, igualmente necesitamos nuevas formas de administrar el Estado y podemos estar seguros que los políticos por sí mismo no lo harán, ellos por sí mismos no van a mejorar su comportamiento, porque son ellos los que más se están beneficiado de este caos.

Un comportamiento que caracteriza nuestros honorables legisladores es la haraganería. Sin embargo, en los últimos días estos “honorables” han tenido un nivel de eficiencia poco común. Como una buena sorpresa para sus electores recientemente éstos han sometido y aprobado una retahíla de proyectos de ley, algunos de los cuales tenían más de una década engavetados.

Ejemplo de estos son la modificación a la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Proyecto de Ley de Armas y Municiones, el Proyecto de Ley de Seguridad Vial, las modificaciones de los códigos Procesal Penal, del Procedimiento Civil, la Ley de Cheques, son algunos de los ejemplos de leyes aprobadas por los legisladores y que tenían una vigencia que ya no se correspondían con la realidad actual.

Si bien es cierto que aquí requerimos remozar estos códigos y leyes, no es menos cierto que uno de nuestros grandes escollos como Estado no es la obsolescencia de éstas, sino la gravísima falta de institucionalidad que campea en el país. Debemos asumir, pues, que en República Dominicana tenemos leyes nuevas con una vieja y fallida institucionalidad.

Pero, ¿qué debemos asumir por “institucionalidad”? Lo primero que debemos entender es que la vida de una nación está fundamentada en instituciones. El Estado es, entre otras cosas, una configuración de instituciones organizadas que se asume definen el marco dentro del cual el Estado mismo es gobernado. Una institución es, a su vez, un conjunto relativamente estable de reglas y prácticas alojadas en estructuras claramente definidas que identifican los roles de la institución misma, y son precisamente estos roles los que justifican la existencia de la institución, que se espera ésta lo desempeñe de la manera más óptima posible. Igualmente se asume que cada institución respete las funciones de las demás, ejerciendo sólo aquellas que les son propias. Y todo esto debe estar amparado en un marco jurídico (códigos y leyes) debidamente establecido.

La correcta definición de los roles de cada institución del Estado y el respeto a éstos por parte de los gestores estatales es lo que llamamos institucionalidad.

Pero, ¿qué sucede en nuestro país que nos genera dudas de nuestra posible institucionalidad? Vamos a ver.

Tenemos un país donde la hermana del presidente que va a dirigir uno de los poderes del Estado que tiene como una de sus principales funciones la de servir de fiscalizador del poder ejecutivo.

Tenemos un país donde el poder legislativo reunido en una Asamblea Nacional declara ganador de unas elecciones presidenciales a unos candidatos a la presidencia y vicepresidencia sin haber verificado las actas originales de esas elecciones, y esto cuando la misma Constitución de la República ordena que antes de esta proclamación la Asamblea Nacional debe “examinar las actas de elección de la Presidenta o Presidente y de la Vicepresidenta o Vicepresidente de la República”.

Tenemos un país donde un Ministerio de Educación está construyendo una escuela a las orillas de un rio y el Ministerio de Obras Públicas le ordena que detenga la construcción porque contraviene las normativas que deben observarse en estas edificaciones y Educación dice que va a continuar con el proyecto porque, entro otros motivos, es la comunidad que lo está demandando.

Tenemos un país donde los alcaldes salientes de algunos municipios no recogen la basura y es el Ministerio Obras Públicas quien tiene que hacerlo.

Tenemos un país donde la Policía Nacional no provee en las carreteras del país una adecuada vigilancia y es, otra vez, el Ministerio Obras Públicas quien hace la función de vigilancia policial en estas vías creando un “departamento policial” para tales fines.

Tenemos un país donde un jefe de la Policía Nacional dice ante las cámaras de televisión, cual si fuera un chiste, que él no conoce el destino de 2,300 de sus subalternos, es decir, más de un 8% del total de la nómina de la institución.

Tenemos un país donde a senadores y diputados se les entrega (¿o no sería más objetivo decir que se les regala?) fondos del erario para supuestamente hacer obras sociales en sus demarcaciones, tales como comprar ambulancias y donar medicinas, cuando la función de los legisladores es hacer leyes y fiscalizar el Poder Ejecutivo. Pero todo sabemos que la mayor parte de estos fondos terminan cubriendo los gastos personales de esos legisladores, y esto ha sido ampliamente documentado por más de una investigación de prensa y nadie se inmuta.

Tenemos un país donde un presidente asiste y celebra el inicio de la construcción de una torre hotelera de 32 niveles en una zona urbana donde la ley dice que el máximo permitido son 22 niveles.

Podríamos hacer una lista interminable de casos como estos, pero haría esta lectura aburrida.

Como podemos ver, el dislocamiento de las funciones de nuestras instituciones estatales es tal que es muy posible que muchos dominicanos confundan los roles de cada una de ellas. Por ejemplo, es entendible algunos crean que entre las funciones de Obras Públicas está la de patrullar carreteras y recoger basura, que el Ministerio de Educación está para construir escuelas, que no importa que una hermana de un presidente presida una cámara de diputados. Esto es un auténtico desorden.

Este comportamiento es una cultura que está severamente arraigada en la gobernanza dominicana, es el día a día y hasta que no logremos comenzar a cambiar este “modus operandi” no vamos a salir de este atolladero. Sin institucionalidad el progreso se diluye, haciendo imposible sustentar los posibles avances que un Estado pueda alcanzar en un momento determinado. El continuo mejoramiento de la burocracia posibilita una mayor efectividad de los procesos propios en la gobernanza de un Estado. Los procesos estandarizados permiten mayor transparencia y los diseños institucionales son claves en el desarrollo de cualquier empresa colectiva.

Si los dominicanos no buscamos la manera de fortalecer la institucionalidad y de una adecuada aplicación y respeto de los códigos existentes, las leyes nuevas y remozadas sólo nos darán mejoras mínimas, y esto es en el mejor de los casos. Y es que viendo como con su comportamiento los gestores de este Estado demuestran tan poco o ningún respeto por las leyes, y sabiendo que serán ellos mismos los que administrarán las nuevas leyes y códigos, ¿cómo podemos esperar que las cosas vayan a ser diferentes? Será más de lo mismo.

Todo esto demuestra que además de nuevas leyes, igualmente necesitamos nuevas formas de administrar el Estado y podemos estar seguros que los políticos por sí mismo no lo harán, ellos por sí mismos no van a mejorar su comportamiento, porque ellos se están beneficiado bárbaramente de este caos.

Somos, en primera instancia, los votantes lo que tenemos la posibilidad, y el deber, de demandar un comportamiento más institucional de parte de nuestras autoridades, esto a través del castigo del voto y protestando por las vías que la ley nos permita. Tenemos que exigir a rabiar un comportamiento más ético de los políticos que manejan la cosa pública.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s