Propiciar que el consejo de regidores “le facilite las cosas al alcalde” contradice la razón de ser del consejo mismo, que no es ni facilitar, ni complicar, sino fiscalizar. De manera que si los concejales buscan la manera de aligerar el trabajo de sus alcaldes no estaríamos ante “una regla de oro”, sino ante “un arreglo de oro”.

El tema del momento en la política dominicana es la elección el próximo 16 de agosto de los presidentes de los consejos de regidores en las distintas alcaldías del país.

La ley 176-07 Del Distrito Municipal y los Municipios, por la cual se rige la administración de los gobiernos municipales, claramente instituye el procedimiento por el cual se eligen estos presidentes. Dicho en líneas generales, se establece que el 16 de agosto de cada año los diferentes partidos representados por sus respectivos regidores someterán ternas para elegir los funcionarios que regirán dicho consejo, es decir, presidente, vicepresidente, secretario y demás. Los regidores se someten a un proceso de votación y la terna ganadora se define por la que obtenga una mayoría simple de votos.

El proceso más sencillo no puede ser. Sin embargo, a todo lo largo y ancho del país las escogencias de estos funcionarios municipales han resultado siempre conflictivas, y en algunos casos trágicamente violentas. No podemos olvidar los incidentes en agosto del 2005 en Piedra Blanca, Bonao, donde en una balacera murieron cuatro regidores y doce personas más resultaron heridas.

En una de esas crisis municipales el extinto líder Partido Revolucionario Dominicano (PRD), José Francisco Peña Gómez propuso un “Pacto por la Gobernabilidad Municipal”, que como su nombre sugiere son unos lineamientos para “facilitar” la gobernanza en las alcaldías. Uno de los puntos de este pacto se refiere a la normativa de que sea sólo el alcalde de turno quien proponga quien deberá ser el presidente del Consejo de Regidores, que se asume sería persona de la confianza de él y de su mismo partido y es a fin de facilitarle su gestión administrativa. Esta es la llamada “regla de oro”. Al momento de que Peña Gómez hizo tal proposición, hace más de 20 años, la Ley 176-07 aún no existía y la propuesta no violentaba ley alguna, lo que sí ocurre hoy día.

Esta regla ha sido siempre apoyada por las distintas fuerzas políticas a través de los años. Incluso, en agosto del 2012 los entonces partidos mayoritarios del sistema, Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), refrendaron una revalidación de ese pacto. Pero resulta que ahora el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y PRSC han dicho que este año no van a apoyar la “regla de oro” y buscaran de hacerse con los puestos de las presidencias de los consejos en las distintas alcaldías donde la correlación de fuerzas así se lo permita.

Las advertencias por parte del gobernante PLD han sido fatídicas y han advertido que aquellos dos partidos serán los responsables de lo que pueda ocurrir en las salas capitulares este martes 16 de agosto. Precisamente este lunes 8, la prensa local resalta las declaraciones del alcalde electo del PLD en Santo Domingo Este, Alfredo Martínez (El Cañero), advirtiendo sobre un posible “baño de sangre” que podría producirse en la escogencia de los consejos.

Vistas estas advertencias se me antoja que con la “regla de oro” estamos ante una inobservancia de la ley a fin de “evitar conflictos”. Véanos esto en sentido más llano: ya que los funcionarios más brabucones son siempre los que crean los incidentes y hacen los disparos que matan a otros funcionarios, vamos a buscar un mecanismo para no provocar las furias de esos aguerridos burócratas y ellos no estén en la necesidad de ejercer su violencia cuando vean sus intereses en peligro. Esto es algo así como que “para evitar que el guapetón del barrio se enoje, le vamos a permitir que haga una fiesta todos los días en cualquier esquina hasta la hora que él quiera”.

Lo que plantea la “regla de oro” es saltarse una normativa legal para evitar problemas. Pero resulta que si en República Domiciano tuviéramos un real imperio de la ley no tendrían que ocurrir hechos violentos en ninguna sala capitular, porque la legislación es clara, sencilla y precisa. Los problemas surgen cuando entran a escena los actores que no quieren someterse a ese imperio de la ley y generan violencia. Pero en vez de someter a éstos al orden, lo que se plantea es un mecanismo de no provocación a expensa del cumplimiento de la legislación.

Por otra parte, ¿por qué tenemos que incumplir un aspecto legal para facilitar las cosas a los alcaldes?

En el artículo 52 de la Ley 176-07 se establecen las definiciones y atribuciones del consejo municipal y dice: “El concejo municipal es el órgano colegiado del ayuntamiento, su rol es estrictamente normativo y de fiscalización…” Y es que la gobernanza municipal está estructurada de una manera similar a la gobernanza del Estado, en ciertos aspectos, claro. A saber, en el Estado hay un presidente de la república y un congreso nacional que hace las veces de fiscalizador y equilibrio al poder de este presidente; en los municipios tenemos un alcalde y un consejo de regidores que hace la función de fiscalizador y equilibrio al poder de ese alcalde.

Propiciar que el consejo de regidores “le facilite las cosas al alcalde” contradice la razón de ser del consejo mismo, que no es ni facilitar, ni complicar, sino fiscalizar. De manera que si los concejales buscan la manera de aligerar el trabajo de sus alcaldes no estaríamos ante “una regla de oro”, sino ante “un arreglo de oro”.

El motivo por el cual el PRSC y el PRM han asumido esta posición es por todos conocida, y es que el PLD tiene mayoría de alcaldes a nivel nacional, pero no tiene no tiene mayoría de regidores. Es por esto que esos partidos de oposición han visto alguna posibilidad con hacerse con el control de algunos consejos municipales y así incrementar su presencia política en los municipios. Es a eso que ellos están apostando.

Sin embargo, la medida de hacer caso omiso a la “regla de oro” es correcta, independientemente de las razones que tengan los partidos opositores. Se permite a la democracia hacer su papel, se permite fortalecer la débil institucionalidad dominicana.

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