Lo ocurrido en Brasil es lo que Latinoamérica necesita que suceda en cada uno de los países donde se presenten iguales circunstancias, esto para que los políticos entiendan que ser favorecido por el voto mayoritario no es un ningún caso “un cheque en blanco” para hacer lo que ellos quieran, que hay límites para el ejercicio de sus funciones y que esos límites son las leyes cuyo cumplimiento no es una prerrogativa, sino una obligación. Y si ellos no lo entienden, entonces, las masas, el soberano pueblo debe hacérselo entender.

El pasado miércoles 31 de agosto el senado brasileño completó el proceso de destitución de la expresidenta de ese país, la señora Dilma Rousseff. Una parte significativa de la prensa mundial se ha volcado a criticar la acción y ponerse del lado de la destituida mandataria. Incluso se llegado a calificar esto como un “nuevo modelo de golpe de estado” en Latinoamérica.
A la señora Rousseff no se le acusa de corrupción, ni de soborno, ni de robo, ni de ningún tipo de acto criminal. Tampoco se le pudo probar que sus campañas electorales hayan recibido fondos del caso Lava Jato, que se ha convertido en el mayor expediente de corrupción de la historia de ese país. Las acusaciones son de carácter exclusivamente administrativo. En sentido estricto se le reprueba haber incurrido en algo que los economistas llaman “pedaleo fiscal”. Esto consiste en el uso de créditos de muy corto plazo y de trasferencias de fondos de un organismo a otro con el fin de poder financiar programas gubernamentales en ejecución, y que, por alguna razón, no pueden ser saldados con los ingresos corrientes de la institución beneficiada. En palabras más simples, estamos hablando de utilizar fondos de un ministerio en otro. Es importante señalar que, en el caso de la señora Rousseff, los fondos se estaban desviando básicamente con la finalidad de solventar programas sociales de carácter populista. No obviemos que estos programas eran una de las principales bases de sustentación social de las campañas de su organización política, el Partido de los Trabajadores (PT). Esta práctica, aunque común en su país (y quizás en toda Latinoamérica) está prohibida por constitución y es penado por las leyes brasileñas y ella, naturalmente, tenía conocimiento de esto, pero asumió el riesgo y las cosas le han salido mal, muy mal. Por otra parte, hay que decir que, aunque estas “maniobras contables” fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron más frecuentes durante la gestión de la señora Rousseff que en anteriores administraciones.
Muchos han sido los que han calificado lo ocurrido en aquel país suramericano como una verdadera injusticia. Pero lo justo y lo legal no siempre es lo mismo. “Lo justo” es más un concepto subjetivo que objetivo y “lo legal” es más objetivo que subjetivo. Se asume, naturalmente, que las leyes, que resultan ser el sustento de lo legal, debe basarse en “lo justo”, pero tenemos que volver a la subjetividad de “lo justo” y aceptar que no todos vamos a estar de acuerdo con las leyes y, menos aún, con las penas que imponen a una infracción determinada. Pero todos debemos acatar la ley, incluso los presidentes.
Con la destitución de Rousseff, quizás podríamos estar de acuerdo en que no fue justa, pero debemos ser honestos y reconocer que fue legal. Allí se agotaron los procedimientos que la constitución brasileña observa para el caso en cuestión. Ella incurrió en violaciones constitucionales y la oposición, que estaba al asecho, aprovechó las circunstancias. Y ha sido la misma Rousseff quien le dio a esa oposición las armas con las cuales la destruyeron: la violación a la ley.
También se ha hablado mucho de “la calidad moral” de los acusadores de la exmandataria, argumentado que éstos son más corruptos que ella y no tienen calidad moral para cuestionarla. En esto hay verdad y hay falta de objetividad, para no llamarla mentira. Es cierto que más del 60% de los congresistas brasileños están acusados de corrupción, es cierto que ese congreso es un circo de mal gusto, pero también es cierto que las faltas de unos no subsanan las faltas de otros. Cada quien es culpable de sus propias inconductas, cada congresista es culpable de las suyas y Rousseff de las de ellas. Por otra parte, no existe una figura legal que impida a esos congresistas acusados de corrupción ejercer su mandato constitucional de juzgar a la exmandataria por las inconductas por ella cometidas. Naturalmente, lo ideal sería que tanto ella como cada uno de los miembros del congreso sindicados de corrupción reciban el mismo trato y todos sean sometidos a la acción de la justicia.
Lo ocurrido en Brasil es lo que Latinoamérica necesita que suceda en cada uno de los países donde se presenten iguales circunstancias, esto para que los políticos entiendan que ser favorecido por el voto mayoritario no es un ningún caso “un cheque en blanco” para hacer lo que ellos quieran, que hay límites para el ejercicio de sus funciones y que esos límites son las leyes cuyo cumplimiento no es una prerrogativa, sino una obligación. Y si ellos no lo entienden, entonces, las masas, el soberano pueblo debe hacérselo entender.
Por otro lado, los latinoamericanos tenemos que dejar atrás ese romanticismo ya caduco que sentimos por los políticos de izquierda. Esto es poco menos que un anacronismo sentimental. Hechos recientes han demostrado que los políticos de izquierda son tan corruptos como los de derecha, y ya no se merecen la benevolencia con que los votantes latinoamericanos lo hemos tratado por varias décadas. En República Dominicana, para citar un ejemplo, tenemos un caso que habla elocuentemente de esta realidad. En los años de su formación el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) era considerado como una organización de inclinación izquierdista, y de hecho, lo era. Pero una vez estos izquierdistas llegaron al poder han montado las administraciones gubernamentales más corruptas que la Historia que la democracia dominicana recuerde.
Es entendible que algunos políticos dominicanos se hayan animado a condenar los hechos de Brasil, calificándolo de “canallada” y le brinden todo el apoyo a su compañera de correrías, Dilma Rousseff. Incluso, el Comité Político del PLD ha emitido este lunes un documento de apoyo a la exmandataria. Es de personas inteligentes “poner sus barbas en remojo”.
Ojalá que algún día tengamos en República Dominicana un desenlace como el de Brasil. Bueno… soñar no cuesta nada.

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