El Ministerio Público no es precisamente un dechado de virtudes jurídicas y éticas, allí hay tantos cuestionamientos como en la Judicatura Nacional. Pero las fallas de unos no extinguen las fallas del otro. Cada quien debe pagar por sus inconductas. Eso sería lo ideal.

El Periódico Hoy, importante diario de la República Dominicana, en su edición No. 8428 del miércoles 21 de abril, página 11A, publicó en un espacio pagado una carta pública del Dr. Ramón Pina Acevedo (78) uno de los jurisconsultos más respetado de este país, dirigida al Dr. Mariano Germán Mejía (70) Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), a fin de referirse, a lo que según sus consideraciones, es una situación de presiones y chantajes inadmisibles en que se encuentran los jueces de la judicatura nacional por parte del Ministerio Público (MP).

Para demostrar esto, Pina Acevedo se vale de varias investigaciones que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), que es un organismo encargado de velar, entre otras muchas cosas, el desempeño de los miembros de la Judicatura Nacional y que es precedido por el mismo Germán Mejía, ha instrumentado a algunos magistrados como consecuencia de sentencias dictadas por éstos, que han generado agrias quejas por parte del MP, además de ocupar la atención de la opinión pública.

El ilustre remitente, al hacer un breve relato de esas investigaciones afirma que “esta embestida contra los hombre y mujeres encargados de juzgar, ha sumido a este cuerpo en un temor que se resume en que razonan en el sentido de que a nadie se le ha creado un problema por condenar, pero si por descargar. A la presunción de inocencia, ahora se presume la culpabilidad de todo aquel que es señalado por el Ministerio Público, y, desde luego el o la Juez apoderados miran hacia arriba antes de decidir preguntándose si su decisión será o no del agrado de los de la Judicatura o del Ministerio Público”.

En su escrito refiere hechos que cuestionan seriamente la pulcritud con que se asume los miembros del MP deben manejar los casos, pulcritud ésta exigida a los jueces, tanto por el CNM así como el MP y, claro está, por la sociedad misma. Relata la situación de un candidato a extradición a Estados Unidos y que las evidencias demostraban que la SJC no daría visto bueno a tal solicitud, por tal motivo un miembro del MP, al cual Pina decide no mencionar su nombre, “amenazó con confeccionarle un expediente a la esposa y a la suegra del imputado si el mismo no aceptaba someterse voluntariamente a la extradición”, a la cual finalmente aceptó. De igual cuenta el proceso de una demanda de divorcio por parte del esposo y que la demanda esposa se presentó al MP alegando que tal demanda era violencia de género de tipo psicológico y que, a pesar de la insensatez de este argumento, se abrieron medidas de coerción contra el demandante esposo.

Ramón Pina Acevedo quiere observar dos cosas. Primero que al MP se le debe exigir el mismo nivel de probidad que a los jueces, por lo que sería pertinente que se abrieran investigaciones a sus miembros cuando se presentan casos tan cuestionables como los señalados por él en su carta. Y, segundo, que es necesario que se deje a los jueces actuar en su libre albedrio y que aquel que no esté conforme con lo evacuado por cualquier magistrado que recurra en apelación, tal como la ley dispone.

Las observaciones de Pina son acertadas y, además, consecuentes con un régimen de derecho que se estima impera en la República Dominicana.

Hoy día algunos abogados han hecho suya la práctica de ventilar elementos jurídicos de sus casos por las redes sociales, en lugar de tribunales. El fin de esta modalidad es generar en la población una opinión favorable a sus causas y a la vez tratar de que el o los magistrados a cargo que impartir justicia sientan la “presión mediática” que estas opiniones generalizadas podrían producir. Seguro que hay magistrados que, por su temple y/o por su experiencia, esto no tiene resultado alguno y evacuan sólo los fallos que le dicta su conciencia. Pero también hay jueces que antes de establecer alguna medida toman en cuenta el posible escarnio público a que se arriesgan si imponen sentencias en contra “del deseo de la opinión pública”, opinión pública ésta que en muchas ocasiones no tiene el más mínimo conocimiento de las intríngulis jurídicas inherentes a un caso cualquiera. Estos jueces, padres y madres de familias, con ejemplo que dar a sus hijos, hombres y mujeres con una vida en sociedad y una reputación bien ganada por su honorabilidad, se arriesgan a ser moralmente cuestionados.

Pero la pregunta que me gustaría hacerle al respetado jurisconsulto, Dr. Ramón Pina Acevedo, es por qué hemos llegado a este punto. ¿Por qué ha sido necesaria las aperturas de investigaciones y sometimientos a magistrados que una vez eran visto como honestos? No es posible analizar problema alguno sin tomar en cuenta las causas que lo producen.

El Sr. Pina no pude olvidar que lo que desató las investigaciones del comportamiento de algunos magistrados en la justicia dominicana fue el sonado hecho de una magistrada que se inculpó, confesando que había recibido dinero para dictar una orden de liberta a un acusado por el MP de más de 20 asesinatos a través de sicariato. Pina no pude obviar que fue el mismo Presidente de la SCJ quien, delante de la prensa nacional, relató que esta jueza se presentó a su despacho a requerimiento de él y que confeso la inconducta a ella imputada, y que, además, llevó en una bolsa parte del dinero recibido como soborno para liberal a ese político, dirigente choferil y regidor activo. Los cimientos mismo de la justica de cualquier país medianamente civilizado se hubieran sacudido con esto. Pero en República Dominicana esto no es más que primeras planas de la prensa nacional por algunos días. Esa jueza, corrupta confesa, se le dictó prisión preventiva de tres meses, sin embargo, a las pocas semanas ya estaba durmiendo en la comodidad de su hogar, comodidad que no es posible determinar si fue comprada con dinero ganado en buena lid o por soborno.

¿Debe la sociedad seguir callando cuando se presenta semejante espectáculo de depravación moral? ¿Cómo explicar a las viudas de los asesinados por las acciones que se le imputan a ese acusado que la investigación a esa jueza es un burdo chantaje del MP? ¿Cómo explicamos a los huérfanos de los asesinados, que esa magistrada tenía el derecho de poner en libertad al acusado de la muerte de sus padres porque a los jueces tenemos que permitirles actuar por su íntima convicción? ¿Cómo pedir a la sociedad que debe respetar la íntima convicción de los jueces del país cuando hay evidencias de que lo que prima a la hora de evacuar sentencias no es su íntima convicción sino la oculta corrupción que germina en todos los estamentos del Estado Dominicano?

Este caso de la magistrada dictando orden de libertad al regidor imputado de sicariato es sólo uno de muchos. Podríamos citar, a manera de ejemplo, el caso de una jueza en la región este del país que puso en libertad condicional a tres franceses atrapados en fragante delito de tráfico internacional de drogas, de los tres acusados dos de ellos escaparon del país; el caso en la misma región este, de un hombre que el MP había sindicado de asaltante y una magistrada lo liberó “por insuficiencias de pruebas”, a las pocas horas esta magistrada fue asaltada por el mismo delincuente, ¿gracioso?; el caso de Punta Cana, también del este, donde cinco extranjeros fueron acusados de ingresar un avión privado con 359 kilos de cocaína y recibieron una orden de libertad pura y simple por otra jueza, esto porque en el expediente instrumentado por el MP se había violado un procedimiento de anotar una numeración de una autorización de requisa a una aeronave; el caso de la abogada de Puerto Plata, madre de tres, que desapareció un viernes y varios días después su cuerpo fue encontrado envuelto en fundas plásticas dentro de una alcantarilla en la ciudad de Santiago, el acusado del crimen fue sometido por el MP y un juez, de esos que tienen el derecho a su libre albedrío, le otorgó libertad condicional y éste huyó a España; podríamos igualmente relatar numerosos casos de ciudadanos que pierden su vida en asaltos a manos de delincuentes que han pasado por los tribunales de la justicia y son liberados por insuficiencia de pruebas; o podríamos hablar de un caso extremo cuando un ciudadano de la zona norte que tuvo el crimen de robarse ocho chinolas (maracuyá) y recibió tres meses de prisión preventiva. ¡Tres meses de prisión preventiva por robar ocho chinolas! Varias semanas después, un senador de una provincia de la zona sur, acusado de sustraer miles de millones de pesos del erario recibió de la SCJ un no ha lugar al expediente instrumentado por la Dirección de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), dependencia creada para combatir la corrupción estatal.

Esa, señor Pina, es nuestra justica, no otra.

El MP, que está dirigido por el Procurador General de la República Dominicana, Francisco Javier Tadeo Domínguez Brito (50), primero político y mucho después, mucho después es Procurador, que ha sacrificado su reputación y futuro político en aras de ayudar a los proyectos reeleccionista de su jefe, este MP no es precisamente un dechado de virtudes jurídicas y éticas. No, aquí hay tantos cuestionamientos como en la judicatura y su breve relato, Sr. Pina, así lo atestigua. Pero las fallas de unos no extinguen las fallas del otro. Cada quien debe pagar por sus inconductas. Eso sería lo ideal.

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